“Cuando cambia el perfil de las víctimas también cambia el resultado del secuestro… Las víctimas van variando, han ido variando y van a seguir variando en el tiempo”.
Estas citas corresponden al fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, quien además coordina al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. Ambas cuñas definen lo grave de la situación que envuelve a la proliferación, aumento y, sobre todo, consolidación del secuestro extorsivo como un crimen en franco crecimiento en Chile.
Queda claro que, si antes este delito estaba confinado principalmente a ajustes de cuentas entre bandas criminales, hoy se expande hacia sectores de la población con mayor poder adquisitivo.
Ya no son sólo miembros de organizaciones criminales los que terminan siendo secuestrados. Hoy, ciudadanos sin vínculos delictivos se convierten en objetivos. Casos recientes muestran cómo personas de estratos medios y medios-altos están siendo elegidas estratégicamente por su capacidad de pago, su visibilidad pública o su rol en comunidades locales.
Dicho fenómeno revela un cambio profundo en la lógica de las bandas criminales que operan en Chile, sobre todo si se trata de crimen organizado trasnacional. Este tipo de organizaciones funciona como empresas y como tal tienen segmentado el rubro criminal. Cada uno de esos cumplen un fin específico para hacer sostenible la rentabilidad. Es por esto, que en el apartado específico de secuestro extorsivo han ido ensayando, practicando y mejorando la modalidad delictiva en nuestro país. Han ido mutando y en consecuencia perfeccionándose.
Es así, entonces, como han ido segmentando y perfilando a sus víctimas con criterios cada vez más económicos: quién puede pagar, quién tiene redes que movilicen un rescate rápido y quién puede ser intimidado para no denunciar.
El peligro mayor es que esta tendencia no va a detenerse en las víctimas actuales, tal y como lo ha expuesto el fiscal Barros. Si no se enfrenta con firmeza, puede escalar hacia secuestros de empresarios, ejecutivos y gerentes de industrias estratégicas como la Minería. El sector minero chileno concentra gran parte de la riqueza nacional y tiene, además, una logística compleja y muchas veces vulnerable. En países con presencia de crimen organizado trasnacional –como Colombia, México, Perú y Ecuador– estas industrias han sido blanco predilecto de secuestros, extorsiones y amenazas.
Por eso es fundamental reconocer el problema a tiempo. No se trata sólo de estadísticas policiales: es un fenómeno de seguridad pública que impacta directamente en la economía, la inversión y la cohesión social. Para enfrentarlo, se requiere más que operativos puntuales. Es necesario articular inteligencia policial avanzada, fortalecer la cooperación entre las policías y la fiscalía, mejorar la coordinación fronteriza y regional para frenar el ingreso de bandas extranjeras y capacitar a empresas en protocolos de prevención y respuesta ante secuestros.
Finalmente, la sociedad civil también tiene un papel crucial: denunciar, exigir acción y autogestionar su propia seguridad. No podemos abrirle la puerta a una escalada que podría cambiar radicalmente nuestra convivencia.
Por María Isoliett Iglesias
