La noticia parece extraída de un thriller latinoamericano cualquiera: un sicario formalizado por homicidio, con orden de prisión preventiva, es liberado en tiempo récord gracias a una resolución judicial que no corresponde y que Gendarmería ejecutó casi mecánicamente. Lo insólito —lo aterrador— es que esto ocurrió aquí, en nuestro país. Osmar Ferrer Ramírez, presunto asesino del “Rey de Meiggs”, hoy está libre. Y con él, la certeza de que el Crimen Organizado ya no sólo toca la puerta de nuestras instituciones: está adentro.
No nos equivoquemos. Este no es un “error de procedimiento”. Lo ocurrido no se reduce a una falla administrativa o un problema de coordinación entre tribunales y Gendarmería. Estamos ante un síntoma claro y peligroso: la penetración institucional del Crimen Organizado ya es una realidad en Chile.
Cuando un sicario de alto perfil logra salir por la puerta de una cárcel, burlando una segunda orden de prisión preventiva, estamos frente a una operación que requiere conocimiento, redes internas y capacidad de manipulación de sistemas judiciales. Esto no es amateurismo. Es Crimen Organizado operando dentro del Estado.
Hoy día, estas organizaciones no actúan sólo con violencia. Su mayor poder radica en su capacidad de corromper. En Venezuela, Colombia y México lo hemos visto: la captura institucional silenciosa comienza en los márgenes y se filtra hasta el centro. El objetivo no es sólo controlar territorios, sino también debilitar democracias, envolver funcionarios y neutralizar la justicia desde adentro.
El caso de Ferrer Ramírez podría marcar un antes y un después porque revela que nuestras instituciones no están preparadas para enfrentar mafias con estructuras trasnacionales, recursos financieros millonarios y estrategias que incluyen infiltración política, judicial y penitenciaria.
La pregunta no se centra sólo en quién permitió la libertad del sicario. Las interrogantes son: ¿cuántos más hay? ¿Cuántas órdenes han sido manipuladas? ¿Cuántos funcionarios están hoy bajo amenaza o bajo sueldo de grupos como el Tren de Aragua, el Primer Comando de la Capital o carteles locales emergentes?
La pérdida de confianza ciudadana en la justicia y en la seguridad es la antesala del colapso institucional. Cuando la ciudadanía percibe que un sicario puede irse caminando de una cárcel sin consecuencias, se rompe el pacto democrático. Se instala la idea de que la ley ya no protege al inocente, ni castiga al culpable.
Este no es momento para diagnósticos tibios ni reformas cosméticas. Chile necesita medidas audaces y estructurales: Auditorías inmediatas y públicas a los sistemas de notificación judicial. No puede haber órdenes que circulen sin trazabilidad ni doble control. Unidad especializada de contrainteligencia en Gendarmería, el Poder Judicial y la Fiscalía. El crimen organizado no se enfrenta sólo con policías: se enfrenta con inteligencia preventiva. Sanciones ejemplares a quienes, por acción u omisión, hayan facilitado esta fuga. No habrá disuasión sin castigo real. Blindaje digital y tecnológico. Las redes del crimen operan con precisión quirúrgica. Nuestras instituciones no pueden seguir funcionando como en los años 90.
Lo que está en juego hoy no es sólo la recaptura de un sicario. Lo que se juega es la autoridad del Estado, la legitimidad de sus instituciones y la confianza en la democracia. En otros países, casos así fueron el inicio de un proceso de degradación imparable. En Chile aún estamos a tiempo, pero sólo si actuamos con la contundencia que este momento exige. El Crimen Organizado no negocia, sólo avanza cuando el Estado retrocede.